Los trabajadores del
Metro de Madrid han sufrido hasta en 168 ocasiones algún tipo de violencia
física y/o verbal en el ejercicio de su trabajo durante los 10 primeros meses
de este año. Desde febrero de 2017, la fecha en la que entró en vigor el
Protocolo de Prevención y Actuaciones frente a las Agresiones Externas en el
Gobierno regional y empezaron a contabilizarse este tipo de casos, la
cifra asciende a 351.
Estos datos están
incluidos en la respuesta parlamentaria a una pregunta realizada por el diputado
de Podemos Alberto Oliver, a la que ha tenido acceso EL MUNDO. En
la compañía pública de transportes matizan que la estadística oficial se
refiere exclusivamente a la plantilla que depende directamente de su
estructura, formada por 6.800 personas, y que por tanto no se incluyen
los incidentes en los que se ve implicado el personal de seguridad, un
servicio que presta una empresa ajena en régimen de concesión.
De las 168 agresiones
registradas en lo que va de año, 80 fueron verbales y los afectados no presentaron
denuncia, mientras que las 88 restantes -verbales y/o físicas- sí fueron
notificadas a la Policía por las víctimas. Entre estos últimos
incidentes, en el 67% de los casos la razón fue que el viajero pasó los
tornos del Metro sin validar el billete o resultó sorprendido in
fraganti al intentar colarse, mientras que sólo el 1% se refiere
asuntos relacionados con los grafitis.
El principal damnificado
por este tipo de actos violentos es el colectivo del personal de estaciones,
seguido del de los maquinistas. Precisamente uno
de los incidentes registrados más recientemente ha sido el del
conductor que fue intimidado por un grupo de 15 jóvenes encapuchados
que le obligaron a mover el tren para poder pintarlo mejor con spray,
aunque todavía no está incluido en las estadísticas ya que sucedió la madrugada
del pasado 2 de noviembre.
Un portavoz del Metro
argumenta que hay que «poner en contexto» la cifra global, ya que, según
explica, «se producen 1,6 agresiones físicas o verbales con denuncia
judicial por cada 10 millones de viajes». No obstante, asegura que la
compañía está ultimando el lanzamiento de una campaña en redes sociales y con
cartelería en el suburbano bajo el lema Estamos contigo con la
que, «en la misma línea que otras iniciativas similares, se quiere poner en
valor el papel de los trabajadores».
En paralelo, en el
suburbano aseguran que se están «estudiando» las propuestas de los sindicatos
para reforzar la seguridad tras los ataques de grafiteros de principios de
noviembre, entre la que se encuentra su consideración como agentes de
la autoridad como ya sucede con los profesores y el personal sanitario
de la región. En la Consejería de Transportes precisan que, en todo caso, esta
última medida debería ser aprobada por la mayoría de la Asamblea de la
Comunidad de Madrid.
El protocolo de
prevención y actuaciones en vigor especifica que se consideran agresiones
físicas las coacciones y las lesiones y verbales los insultos o palabras
groseras, las amenazas, las calumnias y las injurias. Según aclara la normativa
autonómica, «los delitos específicos contra la autoridad, sus agentes y
funcionarios públicos, reciben el nombre de atentados, resistencia y
desobediencia y están regulados en el artículo 550 del Código Penal», que
podrían suponer penas de cárcel de hasta cuatro años y multas de entre
tres y seis meses.
«Metro de Madrid lleva
un recorte generalizado en todo lo que tiene que ver con la prestación del
servicio, desde hace más de 10 años la descapitalización se acerca al 70% y eso
se ha notado en el afán de reducción en determinadas partidas como en
seguridad», denuncia Oliver. «Desde el año 2010, la inversión en
vigilantes ha caído en más de un 55% (de 102 a 45 millones de euros) y
este dato sería aún más escandaloso si el servicio no se hubiera deteriorado
tan rápidamente», concluye el diputado de Podemos.
